El 1 de enero de 2.019 ha entrado en vigor la Norma Internacional de Información Financiera 16 (NIIF 16) sobre la forma de contabilizar los contratos de arrendamiento y la información que sobre los mismos debe incluirse en las cuentas anuales. Esta NIIF 16, sustituye a la Norma Internacional de Contabilidad 17 (NIC 17).

En primer lugar debemos de destacar que esta obligación solo afecta a las sociedades cuyos valores hayan sido admitidos a cotización en un mercado regulado de un Estado miembro de la Unión Europea.  (Reglamento CE nº1606/2002 del Parlamento Europeo)  que regula la aplicación de las NIIF.

Por  tanto,  para todas las empresas españolas  que no coticen en un mercado regulado o que no apliquen las NIIF, no se produce ningún cambio relacionado con el  registro contable de los arrendamientos, mientras  no se modifique el Plan General de Contabilidad.

De esta NIIF 16 cabe destacar, en cuanto a lo que afecta a su aplicación contable,  que las sociedades arrendatarias deben reconocer en su Balance un activo por derecho de uso y un pasivo por el valor actual de las cuotas a pagar durante la duración del contrato de arrendamiento, sin distinguir si es arrendamiento operativo (renting) o financiero (leasing) para el arrendatario.

También hay que tener en cuenta su incidencia en las primeras cuentas anuales de aplicación, las correspondientes al ejercicio 2.019, en cuanto a la información comparativa relacionada con el ejercicio precedente.  En la NIIFF 16 se regula este y otros aspectos a considerar.

Las obligaciones formales de los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades en relación con las operaciones vinculadas efectuadas en el ejercicio, se modificaron y simplificaron a partir del 1 de enero de 2015, tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (Real Decreto 634/2015, de 10 de julio). Además, como novedad, en el presente año 2016, mediante la Orden HAP/871/2016, de 6 de junio, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades, se ha aprobado el documento normalizado de documentación específica, de gran utilidad y sencillez para los contribuyentes que a continuación detallamos.

Para saber qué obligaciones formales tiene cada entidad respecto a las operaciones vinculadas que se realicen en 2016, en primer lugar, hemos de distinguir entre:

1.- Operaciones vinculadas específicas, que son: a) Las operaciones realizadas con residentes en paraísos fiscales, b) Las realizadas por personas físicas a las que resulte de aplicación el método de estimación objetiva en el IRPF con las sociedades o entidades en las que dichas personas físicas o sus parientes tengan una participación igual o superior al 25% del capital social o de los fondos propios, c) Las operaciones de transmisión de negocios, valores o participaciones en los fondos propios de entidades no admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores, d) Las de transmisión de inmuebles, y e) Las operaciones sobre activos intangibles.

2.- Operaciones vinculadas específicas respecto de las que en ningún caso existen obligaciones formales: como son (i) las operaciones realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de consolidación fiscal –con alguna excepción-, (ii) determinadas operaciones realizadas por las agrupaciones de interés económico, y (iii) las operaciones realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta / adquisición de valores.

3.- Operaciones vinculadas no específicas, que son el resto de operaciones, es decir, aquellas que se realicen en el período impositivo con la misma persona o entidad vinculada, cualquiera que sea el tamaño de la empresa y el carácter interno o internacional de las operaciones, y cuya naturaleza sea distinta de las detalladas en los puntos 1 y 2 anteriores.

En el presente artículo vamos a estudiar en detalle estas últimas operaciones, es decir, las operaciones no específicas, y así:

3.a) Cuando la contraprestación del conjunto de las operaciones no específicas sea inferior o igual, en el periodo impositivo, al importe de 250.000 euros de valor de mercado, no existe obligación de incorporar la información de estas operaciones en la declaración del Impuesto sobre Sociedades y tampoco hay obligación de elaborar una documentación justificativa específica sobre las mismas.

3.b) Cuando la contraprestación del conjunto de estas operaciones supere, en el periodo impositivo, el importe de 250.000 euros de valor de mercado, sí se han de consignar en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio, y además se habrán de justificar con la siguiente documentación, cuya complejidad varía en función de cada entidad atendiendo a su CN o importe neto de la cifra de negocios de los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo:

• Entidades de reducida dimensión, es decir, cuyo CN sea igual o inferior a 10 millones de euros: basta con cumplimentar el documento normalizado facilitado por la AEAT, publicado por la mencionada Orden HAP/871/2016, de 6 de junio, y que se ha de presentar vía internet conjuntamente con la declaración del Impuesto sobre Sociedades.

• Entidades con CN entre 10 y 45 millones de euros: se exige la documentación simplificada del artículo 16.4 del RIS, que alivia, de manera relativa, la carga documental de estas operaciones.

• Entidades con cifra de negocios superior a 45 millones de euros: se exige la documentación completa que establece el artículo 16.1 del RIS, es decir, en estos casos, sí será necesario elaborar un detallado informe, comúnmente conocido como master file.

En Arcoasa estamos a tu disposición para ayudarte a resolver tus dudas y a apoyarte en la elaboración de la documentación e informes que puedas necesitar.

Jesús Mayoral García
Jefe de Equipo del Área Fiscal

El recientemente aprobado Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre (pinche aquí) modifica el sistema de cálculo de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades que se hayan de presentar e ingresar en los 20 primeros días del mes de octubre de 2016, así como los sucesivos.

Se ha de tener en cuenta que las modificaciones introducidas SOLO AFECTAN A LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES CUYO “CN” SEA IGUAL O SUPERIOR A 10 MILLONES DE EUROS, teniendo en cuenta que el concepto “CN” es el importe neto de la cifra de negocios de los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo de 2016 (que, en el caso que el ejercicio económico coincida con el año natural, dicha fecha será el 1 de enero de 2016).

Para este tipo de contribuyentes, el porcentaje del pago fraccionado se incrementa, y pasará a ser el resultado de multiplicar por 19/20 el tipo impositivo, redondeando por exceso, en lugar de multiplicarlo por 5/7 redondeando por defecto, como hasta ahora, En consecuencia, un contribuyente que tribute en el Impuesto sobre Sociedades al 25%, y que venía calculando su pago fraccionado aplicando un tipo del 17% sobre la base, a partir de esta nueva regulación calculará su pago fraccionado aplicando un tipo del 24% sobre la base.

Pero además, la norma establece un importe mínimo a ingresar para estos contribuyentes, y así, dispone que el pago fraccionado en ningún caso podrá ser inferior al 23% de la siguiente base:

– El resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural, sobre el que además, se deben practicar las siguientes operaciones:

– Del resultado positivo anterior, se excluirá el importe del mismo que se corresponda con rentas derivadas de operaciones de quita o espera consecuencia de un acuerdo de acreedores del contribuyente. No obstante, se incluirá de nuevo en dicho resultado aquella parte de estas operaciones que sí se pueda integrar en la base imponible del período impositivo conforme a lo dispuesto en la normativa del Impuesto de Sociedades.

– Se excluirá el importe del resultado positivo consecuencia de operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensación de créditos que no se integre en la base imponible por aplicación del apartado 2 del artículo 17 de la LIS (pincha aquí).

– En el caso de entidades parcialmente exentas a las que resulte de aplicación el régimen fiscal especial, se excluirá el resultado de rentas exentas.

– En el caso entidades que prestan servicios públicos locales, se excluirá el resultado correspondiente a rentas bonificadas.

– Para el cálculo final de este ingreso mínimo, se descontarán los ingresos de los pagos fraccionados liquidados en los periodos anteriores.

No obstante este límite mínimo no se aplicará a las entidades acogidas al régimen especial de entidades sin fines lucrativos de la Ley 49/2002, a las que tributen al tipo del 1%, a las SOCIMIs, ni a los Fondos de Pensiones.

Finalmente, de nuevo hemos de advertir que aquellos contribuyentes cuyo “CN” sea INFERIOR A 10 millones de euros no se ven afectados por la nueva normativa, por lo que continúan presentando sus pagos fraccionados de la forma en que habitualmente viniesen calculándolos.

Te dejamos el enlace para que puedas ver a la nota informativa publicada en la web de la AEAT pinchando aquí.

El equipo de Arcoasa quedamos a tu disposición para cualquier consulta que quieras hacernos.

A partir del día 2 de octubre de 2016, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre de 2015), exige a las sociedades mercantiles, a los empresarios individuales y profesionales o “autónomos”, y a determinadas entidades sin personalidad jurídica como las comunidades de propietarios, entre otros, que los trámites con las Administraciones Públicas, que hasta la fecha venían presentando en papel, se realicen exclusivamente por vía telemática, a través de los registros electrónicos correspondientes.

Así dado que el 1 de octubre de 2016 ha comenzado el plazo de presentación de las declaraciones del tercer trimestre de 2016, ¿cómo tienen que presentar sus declaraciones tributarias los autónomos, las comunidades de bienes, las fundaciones y asociaciones, las cooperativas, y demás entidades que hasta ahora seguían utilizando el papel, a través del sistema conocido como “pre-declaración”?.

La respuesta la ha publicado la Agencia Tributaria en su web ww/aeat.es mediante una nota explicativa que aclara que las autoliquidaciones tributarias, por ejemplo una declaración de IVA o una declaración de retenciones practicadas a terceros, se pueden seguir presentando como hasta ahora, es decir, rellenando el formulario a través de la sede electrónica de la AEAT, imprimiéndolo y presentándolo en papel a la entidad bancaria colaboradora, o en su caso, a la propia AEAT (pincha aquí).

En cuanto a las notificaciones que realizará de ahora en adelante la AEAT a estos nuevos obligados que no dispongan de sistemas de comunicación por vía electrónica, a partir del 2 de octubre, cuando la Agencia Tributaria tenga que dirigirse a estos contribuyentes para iniciar cualquier procedimiento, les remitirá una primera notificación en papel, y en la misma, se informará de que las siguientes ya sí serán telemáticas, por lo que los contribuyentes tendrán que crear sus correspondientes direcciones electrónicas, y sus escritos y los documentos que se acompañen, no podrán remitirse en papel.

Así, la AEAT ha aclarado en su nota explicativa que “el incumplimiento de esta obligación puede ser constitutivo de la infracción tributaria prevista en el artículo 199 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que establece la imposición de una sanción consistente en multa pecuniaria fija de 250 euros”.

Por otra parte, es de destacar que aún no se ha publicado el desarrollo reglamentario de la Ley 39/2015, por lo que es de esperar que las distintas Administraciones Públicas vayan indicando a los ciudadanos cómo se han de realizar los distintos trámites electrónicos.

En Arcoasa, nuestro equipo profesional está a vuestra disposición para ayudaros en cualquier cuestión.

Las entidades que sometan sus cuentas anuales de 2017 a auditoría obtendrán un informe con un contenido y un formato sustancialmente diferente al que habitualmente han venido recibiendo con motivo de la reforma normativa implantada por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, y la posterior Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publica la modificación de determinadas Normas Técnicas de Auditoría.

En concreto, la nueva normativa es de aplicación obligatoria para los trabajos de auditoría referidos a cuentas anuales o estados financieros que se hayan iniciado a partir del 17 de junio de 2016, con lo que en el presente año 2017 ya se están emitiendo informes de auditoría con arreglo a las últimas disposiciones legales vigentes.

Las principales modificaciones de la nueva regulación aplicable a los informes de auditoría son las siguientes:

1) Formato menos estandarizado, que será diferente si se trata de una entidad de interés público (entidades emisoras de valores admitidos a mercados oficiales, entidades financieras, compañías de seguros, y otras entidades de importancia pública significativa por razón a la naturaleza de su actividad, por su tamaño o por su número de empleados) o no. Los párrafos del informe, que habitualmente tenían una ubicación concreta, ya no habrán de seguir el esquema habitual, que queda a juicio del auditor, si bien el párrafo de opinión habrá de ser el primer párrafo del informe.

2) Los informes serán más extensos al incorporar obligatoriamente más información. Se establecen nuevas secciones: como “Cuestiones clave de la auditoría” para entidades de interés público; y “Aspectos más relevantes de la auditoría” para entidades que no son de interés público.

3) Se determina la nueva obligación de informar sobre la independencia del auditor y la de ofrecer mayor información sobre sus responsabilidades en relación a la auditoría de cuentas.

4) Se confiere un tratamiento especial a la información sobre el principio de empresa en funcionamiento.

A nuestro juicio, el cambio más relevante y con mayor impacto en la emisión de los nuevos informes de auditoría es el derivado de las nuevas secciones ya comentadas: “Cuestiones clave de la auditoría”; “Aspectos más relevantes de la auditoría”. En este sentido, es de destacar lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, referente al contenido mínimo obligatorio a incluir en el informe de auditoría, que, en su apartado c) dice literalmente: “(…) se describirán los riesgos considerados más significativos de la existencia de incorrecciones materiales, incluidas las debidas a fraude, un resumen de las respuestas del auditor a dichos riesgos y, en su caso, de las observaciones esenciales derivadas de los mencionados riesgos”.

Es decir, a partir de este año 2017 en dichos informes de auditoría se tienen que indicar los riesgos más significativos que ha tenido en cuenta el auditor para la planificación y ejecución de su trabajo y el modo en el que se han tratado en el proceso de auditoría. Como consecuencia, esta cuestión supone una mayor extensión de los informes y una menor estandarización de los mismos.

En Arcoasa Auditores quedamos a vuestra disposición para ofreceros toda la información adicional que consideréis relevante y resolver cualquier duda al respecto.