“El BOE de fecha 19/12/2024 publica la Orden HAC/1432/2024, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la Declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta. El plazo de presentación de este modelo es desde el 1 de enero al 31 de enero de 2.025. En aquellos supuestos, en que, por razones de carácter técnico, no fuera posible efectuar la presentación a través de internet en el plazo reglamentario de declaración, dicha presentación podrá efectuarse durante los cuatro días naturales siguientes al de finalización de dicho plazo. “

El Gobierno en el RDL 9/2024 de fecha 23 de diciembre, prorroga dos años más el régimen extraordinario aprobado durante la pandemia en cuanto a la moratoria contable que permite a las empresas a no tener en cuenta las pérdidas producidas en los ejercicios 2020 y 2021 a la hora de los cálculos de cara a la entrada en una posible causa de disolución.

Así, las empresas, podrán compensar estas pérdidas hasta el final del ejercicio que inicien 2026, una medida que se aplicara también a las empresas afectadas por la DANA del pasado mes de octubre.

El 28 de octubre de 2024 se ha publicado la Orden HAC/1177/2024, de 17 de octubre, en relación, específicamente, con los Sistemas Informáticos de Facturación de Empresarios y Profesionales.

La publicación de esta Orden Ministerial supone el inicio del cómputo del plazo máximo de nueve meses en el que los fabricantes y comercializadores de sistemas de facturación (por ejemplo, Sage, entre otros) para empresarios y profesionales deberán comercializar productos adaptados a la normativa.

La publicación de esta Orden Ministerial tiene como objetivos más destacables los siguientes:

• Reforzar la obligación de emitir factura de todas las operaciones que realizan empresarios y profesionales.
• Conseguir que todas las operaciones que se realicen se graben en el sistema informático de manera segura, no manipulable, accesible y con una estructura y formato estándares para facilitar la legibilidad de los registros, el análisis automatizado y la simultánea remisión a la Administración tributaria.
• Facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, tal y como se ha constatado en aquellos países en que se ha implantado la obligación de remisión de los datos de forma previa, inmediata o posterior al momento de realización de las operaciones.

Por tanto, esta Orden ha desarrollado las especificaciones técnicas de los sistemas o programas informáticos de facturación del Reglamento Veri*Factu, dando el pistoletazo de salida para la implementación definitiva de sus medidas.

Con la publicación de esta Orden, los plazos para implementación efectiva de las medidas introducidas por el Reglamento Veri*Factu, quedan del siguiente modo:

• Los obligados tributarios que utilicen sistemas informáticos de facturación (empresas, empresarios, profesionales, etc.) deberán tener operativos los sistemas informáticos adaptados a las características y requisitos que se establecen en el reglamento y en su normativa de desarrollo antes del 1 de julio de 2025.
• Los productores y comercializadores de los mencionados sistemas informáticos, en relación con dichas actividades de producción y comercialización, deberán ofrecer sus productos adaptados totalmente al reglamento en el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor de la orden ministerial de desarrollo. Esto es, tendrán de plazo hasta el 29 de julio de 2025. Ahora bien, en relación con sistemas informáticos incluidos en los contratos de mantenimiento de carácter plurianual contratados antes de este último plazo, deberán estar adaptados al contenido del reglamento con anterioridad al 1 de julio de 2025.
• En el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor de la orden ministerial de desarrollo (por lo tanto, también hasta el 29 de julio de 2025), debería estar disponible en la sede de la AEAT el servicio para la recepción de los registros de facturación remitidos por los «Sistemas de emisión de facturas verificables».

Por tanto, esta Orden ha desarrollado las especificaciones técnicas de los sistemas o programas informáticos de facturación del Reglamento Veri*Factu, dando el pistoletazo de salida para la implementación definitiva de sus medidas.

Para más información o asesoramiento puede contactar con: arcoasa@arcoasa.es

Los autónomos que desarrollan su actividad a título personal tributan en el IRPF por el resultado del periodo anual, es decir, por la diferencia entre sus ingresos brutos y los gastos necesarios para su obtención.

Esta regla, que en principio, parece bien sencilla, resulta muy controvertida cuando se intenta llevar a la práctica, dado que, según las normas fiscales vigentes, es el autónomo quien tiene que probar ante la AEAT que los gastos se han ocasionado con motivo del ejercicio de su actividad y, además, que éstos son necesarios para la obtención de los ingresos. En definitiva, no es suficiente con la mera aportación de las facturas que justifican documentalmente dichos gastos, por lo que, a pesar de que el autónomo haya cumplido con todos requisitos formales exigidos por la normativa vigente, si, además, no puede acreditar esa vinculación a la actividad, o bien esa necesidad, la Administración Tributaria puede llegar a considerar los gastos como no deducibles.

Pero aún resulta mucho más difícil aplicar esta regla cuando el autónomo desarrolla su actividad en su propio domicilio. Así, en los últimos años, la AEAT ha venido aplicando el criterio de aceptar como deducibles únicamente los denominados gastos de titularidad de la vivienda, es decir, el IBI, tasa de basuras, comunidad de propietarios y los gastos de amortización del inmueble. Eso sí, sólo se pueden deducir en la parte proporcional correspondiente al desarrollo de la actividad, y de esta forma, de nuevo, la carga de la prueba recae sobre el autónomo, que deberá probar ante la AEAT qué parte de la vivienda está dedicando a la actividad y qué parte se destina a su residencia particular.

¿Y qué sucede en el caso de los suministros –agua, luz, gas, teléfono…-? En los últimos años la AEAT ha seguido el criterio de rechazar su posibilidad de deducción.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en una reciente Sentencia de 10 de marzo de 2015, se separa totalmente de la línea argumental seguida por la AEAT, afirmando que no es lógico negar la deducción de aquellos suministros sin los cuales no es factible la utilización de la vivienda -respecto a la parte proporcional que se vincula a la realización de la actividad-, “no siendo admisible supeditar la deducción fiscal a la vinculación exclusiva del suministro a la actividad, pues esa exigencia supone introducir condiciones no contempladas en la ley para la afectación parcial de inmuebles.”

Esta sentencia viene a amparar el criterio de deducibilidad defendido por los contribuyentes y asesores fiscales, por lo que entendemos que a partir de ahora los autónomos gozan de una mayor seguridad jurídica a la hora de elaborar sus declaraciones fiscales.

Pero ¿y qué sucede con los gastos referidos al vehículo del autónomo que ejerce su actividad a título individual y además lo utiliza para fines particulares?. Surge de nuevo la controversia entre los contribuyentes y la AEAT, y sin embargo, en este caso, ni siquiera la Sentencia mencionada viene a amparar al contribuyente. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sostiene que “al contrario de lo que ocurre con la vivienda (…) la normativa reguladora del IRPF no admite la afectación parcial de los automóviles a la actividad económica”, lo que se traduce en que no se admite la deducción de los gastos referidos a un vehículo que se dedique simultáneamente al uso particular y a la actividad económica. Llegados a este extremo, y desde nuestro punto de vista, entendemos que esta cuestión en modo alguno puede resultar pacífica, puesto que, a todas luces, carece de sentido lógico sostener que los gastos de un billete de tren necesarios para acudir a la sede de un cliente son deducibles, pero no así los gastos de realizar el mismo viaje en un vehículo propio que simultáneamente se esté utilizando para uso particular.

Como siempre, nuestro equipo de profesionales estará encantado de resolver las dudas que nos quieras plantear.

El tratamiento contable y fiscal del fondo de comercio ha sufrido un cambio notable a partir del año 2015, y sobre todo con la nueva normativa aplicable a partir del 1 de enero de 2016.

Como continuación de nuestro artículo en el que comentábamos las claves de la regulación actual en materia contable, completamos la materia con su tratamiento fiscal:

1.- ¿En qué plazo debo amortizar el fondo de comercio?

Contablemente, tal y como comentamos en nuestro artículo anterior, para los ejercicios económicos iniciados a partir del 1 de enero de 2016, la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoria de Cuentas, determina que el fondo de comercio se amortizará en 10 años aplicando un porcentaje del 10% anual, excepto si la sociedad puede probar documentalmente la existencia de un plazo distinto a los mencionados 10 años. La novedad de esta medida también radicaba en que con la normativa anterior, existente desde el año 2008, se impedía la amortización contable del Fondo de Comercio.

Por su parte, en el ámbito fiscal, para los periodos impositivos que se inicien a partir el 1 de enero de 2016, entra en vigor la nueva redacción de los artículos 12 y 13 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades establecida en la Disposición Final Quinta de la mencionada Ley 22/2015, determinando que la amortización contable del fondo de comercio será deducible, pero con el límite del 5% anual del valor de dicho fondo de comercio.

Por tanto, a partir del 1 de enero de 2016, a efectos fiscales, en concepto de amortización, solo se puede deducir como máximo el 5% del valor del fondo de comercio, por lo que se producirá una diferencia temporaria entre la amortización fiscal y la contable en el cálculo del Impuesto sobre Sociedades de la entidad, que obligará a efectuar el correspondiente ajuste en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.

No obstante, es importante señalar que este régimen fiscal no resultará de aplicación a los fondos de comercio adquiridos en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2015, a entidades que formen parte con la adquirente del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

2.- Obligación de inscripción contable

Por otra parte, para que se considere deducible en el Impuesto de Sociedades la mencionada amortización del fondo de comercio, se exige, además, como novedad para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016, que esta amortización esté debidamente registrada en la contabilidad de la entidad, o lo que es lo mismo, que se encuentre imputada contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Con esta norma, además, se impide que la amortización fiscal pueda ser superior a la amortización contable, si así fuese el caso.

3.- Primera aplicación de la nueva normativa

Finalmente, hemos de destacar que en la actualidad se está reclamando una aclaración las instituciones en materia contable y fiscal sobre la forma en que se ha de aplicar por primera vez esta nueva normativa a los fondos de comercio que estuviesen adquiridos con anterioridad al año 2016, pues como consecuencia de los distintos criterios contables y fiscales adoptados en los últimos años la valoración de las bases de la amortización contable y de la base de amortización fiscal de estos fondos de comercio puede llegar a presentar claras divergencias.

Los profesionales de Arcoasa te ayudamos a resolver todas las dudas que puedas plantearnos, no dudes en contactar con nosotros cuando lo necesites.